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Alonso Cárdenas, docente de la Escuela de Ciencia Política (CIPO) de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, fue entrevistado por TV Perú por el conflicto social en el caso Las Bambas. Explicó que son dos los temas de fondo: la adjudicación de la concesión minera y la capacidad de la gestión pública para hacer el seguimiento y la evaluación de los acuerdos de las diferentes mesas de trabajo ante un conflicto social.
En el 2014, Las Bambas que era propiedad de la empresa suiza Glencore Xstrata es vendida a MMG, de capitales chinos en US$10 000 millones. El problema inicia cuando los nuevos dueños no asumen el compromiso inicial de Glencore Xstrata con las comunidades: usar un mineroducto para el transporte del mineral, y, por el contrario, se propone transportar el mineral haciendo uso de 310 camiones por día, ida y vuelta desde Apurímac hasta Arequipa. Está pendiente la decisión final de MMG.
Para el politólogo, el otro aspecto clave es la ineficiencia en la gestión pública de este conflicto, ya que desde el 2015, en que se instaló la Mesa de Desarrollo de Challhuahuacho, hasta la actualidad no se conoce el nivel de avance de los proyectos. Da cuenta que en el 2016 se publica el DS 005 de la PCM que nombra como prioridad nacional el desarrollo de Chalhuahuacho. Ese mismo año, se informa sobre un plan de desarrollo general para la provincia de Apurímac con 158 proyectos con una inversión de más de 2 mil millones de soles.
“No sabemos en qué quedaron todas estas propuestas ni los resultados del grupo de seguimiento. Es preocupante la debilidad del Poder Ejecutivo, pero más preocupante aún la de los gobiernos regionales a cargo de generar desarrollo con los proyectos financiados por el canon minero”, expresó el también coordinador de la Maestría en Ciencia Política con mención en instituciones políticas y procesos electorales.