21 agosto, 2020

[Entrevista] Analí Briceño: “No debemos olvidar a las personas más vulnerables”

Entrevista a: Analí Briceño

Analí Briceño, coordinadora de la Clínica Jurídica para Solicitantes de Refugio y Refugiados Pedro Arrupe SJ, promovida por Encuentros – SJS y la Escuela de Derecho de la Ruiz, nos comparte cómo vivieron las primeras semanas de la pandemia y los cambios en sus procesos de trabajo. Con creatividad y compromiso han podido brindar la asesoría requerida con urgencia por migrantes en el Perú, que en esta pandemia viven momentos de angustia y se encuentran entre la población vulnerable, lejos de sus familias y sin acceso a bonos.

¿Cuánto y cómo ha cambiado la pandemia el ritmo de trabajo de la Clínica Jurídica?

El trabajo se ha incrementado sustantivamente en torno a la emergencia. No solo hemos tenido que adaptarnos y modificar nuestra intervención casi de manera paralela, sino que el número de consultas y la necesidad de información de la población y de pedidos de apoyo se incrementó de manera significativa, lo cual es totalmente entendible en un contexto complejo como el que vivimos. Podríamos decir que hemos aumentado en un 50 % nuestra capacidad de atención.

¿De qué manera potenciaron su equipo de trabajo para cubrir la demanda?

Debimos buscar herramientas, encontrar la mejor modalidad para continuar la comunicación con nuestra población de interés y recibir las necesidades de las personas que estaban siendo afectadas por la pandemia. Encontramos que las llamadas telefónicas, la intervención a través de redes sociales y el formato digital eran la mejor manera de comunicarnos. Los estudiantes que trabajaron con nosotros durante el ciclo pasado nos continuaron apoyando, sobre todo, en la elaboración de material informativo. Así también, la respuesta a la nueva convocatoria fue positiva. Nuestro proceso de selección fue remoto con llamadas y entrevistas. Seleccionamos a cinco estudiantes. A este equipo se sumó un personal especializado con un nivel más avanzado para el manejo de casos y el abordaje de las necesidades de la población, ya que la demanda en un contexto de emergencia sanitaria así lo requiere.

La pandemia es una situación difícil para todos, pero sin duda para los migrantes es aún más complicado ¿cuáles son las principales dificultades que vienen atravesando?

Efectivamente. La población migrante y refugiada en nuestro país aún cuenta con muchísimas limitaciones para acceder a servicios sociales o para gozar de derechos básicos y fundamentales. En este contexto, no solo se ha visto un tema de necesidad, porque muchos se han quedado sin trabajo y con eso sin la facilidad de poder llevar alimentos y bienestar a sus familias, sino que, además, no acceden a subsistencias como los bonos. Esto ha significado un gran golpe para cerca del 80 % de las personas que ya se encuentran en territorio peruano y son extranjeras y además viven o subsisten del día a día.

Tuvimos muchos episodios de desalojos abruptos incluso fuera de una situación de regularidad y que hemos tenido que presenciar con la frustración de no poder intervenir, ya que ese es otro desafío, el visibilizar que la población extranjera tiene derecho a acceder a respuestas dentro de un sistema judicial o dentro de un sistema de mínimas garantías para que se pueda velar por sus intereses y por sus derechos.

¿Qué información tienen sobre los extranjeros afectados por el COVID-19 en Perú? ¿han recibido la atención médica oportuna? ¿Qué apoyo les ha brindado la Clínica Jurídica?

El acceso a la salud, precisamente, es otra situación complicada. Durante los primeros meses, esta población al no contar en la gran mayoría con el carnet de extranjería, tuvo la negación absoluta a ser incluidos en un sistema de salud. Fue recién a partir de mayo que el Ministerio de Salud dio la posibilidad de que las personas extranjeras, aún sin esta documentación, que dieran positivo o que tuvieran síntomas de estar con el COVID-19 pudieran ser atendidas de manera obligatoria y segura en cualquier centro médico. Además, la mayoría de la información brindada por ministerios, por el gobierno y medios de comunicación están orientadas a población nacional. Es por ello que parte del trabajo que realizamos con los estudiantes es la adaptación de esa información. Buscamos información y normas que puedan tener un impacto tanto en nacionales como en extranjeros. La Clínica Jurídica, en los casos que ha podido recibir de personas afectadas por COVID-19, les ha brindado información sobre cómo deben hacer sus solicitudes para acceder al sistema de salud, al SIS y en algunos casos, en situaciones muy puntuales, incluso a cómo denunciar ante el impedimento de acceso al sistema de salud.

Encontrarse en otro país en medio de una pandemia hace aún más difícil el proceso migratorio ¿Qué tipo de asesorías legales han sido las más recurrentes?

Las asesorías legales más recurrentes tuvieron que ver con las limitaciones de acceso a derechos. Hemos tenido muchas consultas sobre situaciones de desalojo concretas y de posibles situaciones de desalojo. Con el retomar de funciones y actividades de algunas instituciones como migraciones, las consultas se enfocaron en sus procesos de regularización migratoria. Hubo muchos casos en donde la población empezó a quedarse sin días de permiso, pero era poco conocido que migraciones y el Estado peruano había decretado que durante el estado de emergencia todos los plazos, fechas y documentación en proceso iban a quedar paralizadas bajo la lógica de la inamovilidad social. Otra situación que generó mucha demanda, es el tema de cómo iniciar los procesos para solicitar asilo o refugio. Nuestra actividad se centra en informar, orientar, incluso acompañar a la población para que puedan realizar esos trámites que les van a permitir acceder a servicios y derechos.

¿En qué puede mejorar sus normativas y procesos el Estado peruano?

El Estado peruano tiene un pendiente muy grande y es el incorporar correctamente a la población extranjera en sus políticas inclusivas y sus políticas sociales. Entendemos que la pandemia ha demandado una preocupación mayor en cuanto a los nacionales, sin embargo, creemos y tenemos la confianza de que esta situación pueda servir como una oportunidad para empezar a visibilizar la vulnerabilidad de la población extranjera en el país.

Hemos visto a población venezolana en Perú trabajando en los servicios funerarios y también en el sector salud, en lo que se conoce como la primera línea de batalla.

Ha habido grupos de venezolanos que han podido ser insertados por una medida que se ha dado durante este contexto de emergencia ante la necesidad de personal médico y ellos han brindado su conocimiento, toda su capacidad y profesionalismo. Ese tipo de actividades nos recuerda lo valioso de los procesos migratorios. Hemos visto ejemplos positivos de compromiso y de integración de médicos, enfermeras y del personal que también se encuentra en primera línea recogiendo cadáveres. Este contexto de emergencia puede significar una posibilidad para continuar la integración social migratoria.

Felicitaciones a todo el equipo por el trabajo que vienen realizando. Para la Ruiz es un gran orgullo que nuestros estudiantes de Derecho intervengan de manera directa en la atención y acompañamiento de la población migrante y refugiada. Te pedimos unas palabras finales.

Me gustaría enfatizar que la situación de emergencia ha desvelado una serie de necesidades y falencias que tenemos como Estado. Nos ha hecho visibilizar quiénes están en estado de periferia y abandono y dentro de todos ellos está la población migrante y refugiada. Como universidad que vela por un desarrollo humanista de sus futuros profesionales y que tiene dentro de sus valores el compromiso por las personas más vulnerables, es importante que continuemos con esta tarea y que nuestras acciones revelen siempre empatía, solidaridad y apertura hacia estas poblaciones. No deberíamos olvidarnos de las personas que tienen necesidades y vulnerabilidades. En ese sentido, las personas migrantes se han visto doblemente afectadas por la pandemia.