El director del Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Ruiz de Montoya, Eduardo Vega, quien recientemente presentó en el Ministerio de Justicia y DD. HH. la Plataformaanticorrupcion.pe, fue entrevistado por Perú.21 sobre el impacto de la Ley de imprescriptibilidad de los delitos por corrupción promulgada por el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Considera que la norma intenta cambiar el rumbo de impunidad, sin embargo, aún se debe enfatizar en medidas preventivas, de control y represivas. Insistió también en la necesidad de modernizar la Contraloría General de la República y crear verdaderos sistemas de integridad en las contrataciones públicas. También se pronunció sobre la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
¿Cuánto puede cambiar la administración pública con esta medida?
Va en la línea de reconocer que en los últimos años frente a la corrupción hubo mucha impunidad porque se aplicaban los plazos de prescripción, ya que los procesos se dilataban mucho. Una norma de este tipo intenta cambiar el rumbo de impunidad.
¿En qué plazos prescribían los delitos antes de esta norma?
En el mismo que tenía la pena. Por ejemplo, si se trataba de peculado, que tiene una condena de cuatro años, prescribía el caso en cuatro años. Esta figura de la imprescriptibilidad va a ir de la mano de otras que se han ido dando en los últimos meses, a partir de la delegación de facultades: agravamientos de pena, penas efectivas, es decir, sin beneficios penitenciarios, muerte civil, y luego esta imprescriptibilidad.
¿Las medidas que menciona, y en específico la de no prescripción, son disuasivas?
Frente a la corrupción tenemos que ver medidas preventivas, de control y represivas. En este caso, estamos frente a las medidas represivas, punitivas, y este paquete era necesario. Obviamente, hay que seguir viendo las medidas de control, la Contraloría requiere una modernización y, por supuesto, necesitamos también medidas preventivas. Debe haber mayor transparencia en cómo se actúa en el Estado.
¿Pero la sanción penal apunta al desaliento en la comisión de delitos?
Así es. Pero, mire, en el Poder Judicial se ha condenado a 3,356 personas por delitos de corrupción y solo están en la cárcel 506. Eso hace que los corruptos estén permanentemente haciendo su costo-beneficio. Ahora sabrán que, por lo menos, no va a prescribir el delito.
La Comisión de Integridad también hizo una propuesta para cambiar la conformación del Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), y esta dista mucho de la que finalmente propuso el presidente Kuczynski.
Quedé sorprendido por dos cosas. Primero porque, efectivamente, el presidente tenía una propuesta en mano de la comisión que proponía que la mitad de los miembros del CNM sean elegidos por concurso público y la otra mitad por instituciones y, dos, uno aceptaría esta propuesta si fuera buena, pero no, es mala. Un debate que se inicia con una propuesta de ese tipo no llegará a buen puerto. Sí hay necesidad de una reforma en el CNM, pero no para debilitarla o politizarla.
¿Qué podría hacer el presidente para tener más iniciativa en estos temas?
Hay que crear verdaderos sistemas de integridad en las contrataciones públicas, en la selección de personal y mejorar los sistemas de transparencia. Con el sector privado, hay que mejorar el tema de las APP (asociaciones público-privadas), que han sido fuente de los casos más graves de corrupción en el país: Chinchero, Gasoducto, tren eléctrico, Interoceánica. Las empresas brasileras se han aprovechado de estos sistemas de APP para sobrevalorar las obras y para ganar en los arbitrajes.
La entrevista fue publicada el 21/08/2017. Puede leerse el texto completo en: Peru21.pe